El despojo de viviendas y terrenos no es un fenómeno reciente ni exclusivo de una entidad.
En los últimos años se han documentado redes que operan mediante invasiones, cambio de cerraduras, documentos falsos, juicios simulados y presunta complicidad de particulares y funcionarios.
Hay casos recientes en Ciudad de México, Estado de México y Puebla, mientras que en 2025 el Infonavit denunció una red de corrupción vinculada con juicios masivos que habría afectado a 249 mil derechohabientes.
¿Ocurre en todo el país? Hay indicios de que el despojo se presenta en diversas entidades, pero no hay evidencia suficiente para afirmar que una misma organización opere en todo México. Incluso el llamado “Cártel del Despojo” es una denominación periodística y no el nombre de una organización criminal reconocida oficialmente por el Gobierno federal.
¿Qué penalidad enfrentan? La pena depende de la entidad y de la forma en que se cometa el delito. En Nuevo León, por ejemplo, el Código Penal establece actualmente penas de 2 a 4 años de prisión para ciertos casos de despojo de inmuebles de menor valor y de 4 a 6 años para inmuebles de mayor valor, además de multas; existen agravantes y otros supuestos con sanciones distintas.
En Ciudad de México, las reformas recientes elevaron las penas hasta 11 años de prisión en determinados casos agravados.
¿Desde cuándo ocurre? El problema tiene antecedentes de varios años. En Ciudad de México, por ejemplo, ya desde 2021 se documentaban grupos que actuaban de manera sistemática para ocupar inmuebles; y existen investigaciones periodísticas sobre redes que continuaban operando en 2023.
En 2025 el fenómeno volvió a adquirir relevancia nacional con las denuncias relacionadas con el Infonavit y otros casos de despojo.
* Prevención: mantener escrituras y documentos actualizados e inscritos en el Registro Público de la Propiedad; revisar periódicamente la situación registral del inmueble y conservar copias seguras de escrituras, predial y otros comprobantes.
* Blindaje ante fraudes: no entregar documentos personales ni firmar contratos o poderes sin asesoría; verificar la identidad de quien pretenda vender o arrendar y acudir a un notario autorizado. La SSPC también recomienda desconfiar de ofertas demasiado baratas y evitar pagos adelantados sin contrato.
* Respuesta rápida: ante una ocupación ilegal, denunciar inmediatamente ante la Fiscalía estatal, aportar escrituras, fotografías, recibos y cualquier evidencia, solicitar asesoría jurídica para buscar la restitución del inmueble. La SCJN señala que, además de la vía penal por despojo, puede existir una vía civil para reclamar la propiedad.
* Atacar las redes: investigar no sólo a quien ocupa físicamente la vivienda, sino también a quienes falsifican documentos, promueven juicios irregulares, realizan operaciones notariales fraudulentas o facilitan la ocupación. El caso Infonavit muestra la dimensión que puede alcanzar un esquema organizado: el Gobierno federal reportó 373 mil derechohabientes afectados por juicios masivos irregulares desde 2012.
* Protección de personas vulnerables: establecer mecanismos especiales para adultos mayores, propietarios que viven fuera de la entidad y viviendas desocupadas. En 2026, el Congreso de CDMX señaló que los adultos mayores están entre los principales afectados.
La conclusión sería: la solución no pasa únicamente por aumentar las penas; requiere prevención registral, reacción rápida de las fiscalías, protección de propietarios vulnerables y persecución de las redes que facilitan el despojo.R/90