– Las denuncias esperan respuestas, pero también una gestión municipal más clara.
La administración de Gerardo de la Maza, alcalde de El Carmen, Nuevo León, enfrenta una serie de cuestionamientos relacionados con la actuación de funcionarios municipales, la regulación del comercio, presuntos cobros, permisos y decisiones que han generado inconformidad entre ciudadanos y pequeños emprendedores.
Hay que decirlo con claridad: una denuncia no es una sentencia. Cada señalamiento debe investigarse, documentarse y, en su caso, acreditarse ante las autoridades competentes, pero tampoco puede utilizarse esa premisa para ignorar las dudas ciudadanas.
El problema de fondo es la falta de respuestas claras sobre asuntos que deberían ser transparentes para cualquier ciudadano: cuánto se cobra, porqué, quién autoriza, quién recauda, qué requisitos se exigen y bajo qué fundamento legal se toman determinadas decisiones.
Un gobierno municipal no puede pedir confianza mientras mantiene dudas sin responder.
COBROS Y PERMISOS: LAS CUENTAS DEBEN SER CLARAS
Algunos emprendedores hicieron llegar a Reporte90 documentos que, según señalaron, acreditarían presuntas irregularidades. Entre los cuestionamientos aparecen supuestos cobros por uso de suelo durante eventos privados y dudas sobre las tarifas aplicadas frente a los ingresos que generan algunas actividades.
Un grupo de ciudadanos también entregó fotografías de un presunto cobro por uso de suelo con fines comerciales, realizado por personal de la Presidencia Municipal de El Carmen durante un evento privado.
De acuerdo con los testimonios, algunos afectados rentan quintas para organizar actividades cuyos ingresos pueden ser menores a 2 mil pesos. Por ello cuestionan el impacto de las tarifas municipales frente a los gastos de renta, servicios, personal y operación.
Las imágenes muestran a una joven, señalada como familiar del propietario de la quinta con un recibo en mano mientras espera el cambio entregado por el cobrador. La unidad utilizada no fue cubierta en las fotografías debido a que, según los propios cobradores, pertenece al Municipio.
Aquí no se trata de especular. Se trata de preguntar: ¿Qué dependencia establece las tarifas?, ¿Cuál es el fundamento legal del cobro?, ¿Quién está facultado para recaudarlo?, ¿A dónde llegan esos recursos?, ¿La camioneta utilizada pertenece efectivamente al Ayuntamiento?
Si todo está conforme a la ley, la respuesta debería ser sencilla: mostrar el reglamento, la tarifa, el recibo, el procedimiento y el destino del recurso.
La transparencia no debería ser una concesión. Debería ser la regla.
COMERCIANTES: ¿REGULACIÓN O ABUSO DE PODER?
Vendedores de mercados sobre ruedas han denunciado presuntas presiones de inspectores de Comercio y aseguran que su permanencia en determinados espacios estaría siendo condicionada, entre otras cosas, a contar con credencial de elector con domicilio en El Carmen.
La pregunta es inevitable: ¿Dónde está la disposición legal que permite exigir ese requisito para poder trabajar?
El responsable de Comercio, Espectáculos y Alcohol es César Uriel Carrizales Neri, que es quien ordena a una persona de nombre Carlos, su cobrador oficial, a exigir los pagos y acosar a los dueños de las quintas, incluso con llamadas intimidatorias a deshoras. Cabe mencionar que el personaje de nombre Carlos, siguiendo las instrucciones de su jefe inmediato, hostiga, extendiendo citatorios extrajudiciales firmados de su puño y letra, con su nombre, a propietarios para cobrar en otro lugar, y no en la presidencia municipal, es para amedrentar o para finiquitar “su modus de recaudación” por “vergüenza” de su accionar. ¿Porqué los cita en otro lugar?
Corresponde conocer la postura de Carrizales Neri y, sobre todo, el fundamento de los cobros, requisitos y procedimientos aplicados a los comerciantes.
También Leticia Villarreal, Tesorera del Municipio, de quien se asegura tiene mucha influencia desde su puesto, donde ostenta poder amplio, cumplido y bastante y deberá aclarar desde su área quién establece las instrucciones, cuáles son los requisitos oficiales, qué cuotas están autorizadas y bajo qué criterios se asignan o retiran espacios, porque si existe una norma, que se exhiba. Y si no existe, ningún funcionario debería imponer requisitos por cuenta propia para decidir quién puede trabajar y quién no.
El Ayuntamiento debe transparentar los permisos, las cuotas, los requisitos, los responsables de los cobros y las instrucciones que reciben los inspectores.
La autoridad puede regular, pero no convertir la regulación en una herramienta discrecional.
PRESUNTAS PRESIONES POLÍTICAS: UNA ACUSACIÓN QUE DEBE INVESTIGARSE
A los señalamientos sobre regulación comercial se suman testimonios que hablan de presuntos líderes que controlarían espacios y cuotas, así como de posibles presiones para participar en marchas, colocar propaganda o acudir a actos políticos.
Son acusaciones serias y, precisamente por eso, deben investigarse.
Si se acreditaran, no estaríamos ante una simple diferencia administrativa. Estaríamos frente a un posible uso político de una estructura municipal y de la necesidad económica de comerciantes que dependen de un espacio para trabajar.
La autoridad debe determinar si existen cuotas, condicionamientos, control irregular de espacios o presiones para participar en actividades políticas.
Regular es una facultad de la autoridad. Presionar políticamente utilizando esa facultad sería otra cosa y si eso ocurrió, deberán establecerse responsabilidades.
EL SEÑALAMIENTO DE LOS 20 MIL PESOS
Otra irregularidad proviene de pequeños emprendedores que, al gestionar la instalación de un medidor ante Agua y Drenaje, aseguran que se les solicitó un pago de 20 mil pesos, presuntamente relacionado con un convenio por 53 mil pesos.
Las preguntas vuelven a ser concretas:¿Quién solicitó el dinero?, ¿Por qué concepto?, ¿Quién autorizó el cobro, ¿Dónde está el convenio?, ¿Quién recibiría los recursos?
Aquí tampoco corresponde condenar sin pruebas, pero sí corresponde exigir documentos.
Si el procedimiento fue legal, debe demostrarse. Si existió una anormalidad, deben deslindarse responsabilidades y, en su caso, sancionar a quien resulte responsable.
EL ALTERCADO DEL ALCALDE
El incidente protagonizado por Gerardo de la Maza Villarreal en una taquería de San Pedro Garza García, donde un video mostró un forcejeo con un trabajador a quien agarró del cuello, también generó cuestionamientos sobre la conducta del presidente municipal.
Posteriormente, De la Maza ofreció una disculpa, pero una disculpa no sustituye la responsabilidad pública.
Quien ocupa la Presidencia Municipal representa a una institución y cuando termina el horario laboral, sus actos tienen una dimensión política y social porque la ciudadanía observa también el comportamiento de quien ejerce el poder.
No se trata de lincharlo ni de encubrirlo.
Se trata de aplicar el mismo principio que debe regir para todos: investigar, determinar responsabilidades y actuar conforme a la ley.
MÁS ALLÁ DE LAS DENUNCIAS: EL PROBLEMA ES LA GESTIÓN
Aquí está quizá la pregunta más importante.
¿De verdad un ciudadano debería recurrir a una denuncia pública para saber cuánto debe pagar, qué permiso necesita, quién puede cobrarle o por qué puede perder un espacio de trabajo?
Un gobierno eficiente debería tener esa información disponible, clara y accesible.
El problema ya no es únicamente determinar si cada acusación es verdadera o falsa. También es evaluar la manera en que el Ayuntamiento administra permisos, comercio, cobros y atención ciudadana.
La administración de Gerardo de la Maza enfrenta, por tanto, una exigencia que va más allá de responder a una denuncia particular: demostrar que existen reglas claras y que esas reglas se aplican de la misma manera para todos, porque cuando los procedimientos son claros, las dudas disminuyen.
Cuando los documentos existen, las acusaciones pueden comprobarse o descartarse.
Y cuando los funcionarios tienen responsabilidades plenamente identificadas, también es posible saber quién debe responder.
JUSTICIA, TRANSPARENCIA Y CERO IMPUNIDAD
Investigar no significa condenar, pero tampoco investigar puede significar encubrir.
Cada señalamiento debe ser acreditado o descartado mediante documentos, procedimientos y autoridades competentes. Si los funcionarios actuaron conforme a la ley, que quede demostrado. Si hubo abusos, cobros indebidos, presiones o uso político de la estructura municipal, que se determinen las responsabilidades correspondientes.
Ninguna denuncia constituye por sí sola una sentencia, pero ninguna denuncia debería convertirse en un expediente condenado al silencio.
Si los comerciantes están equivocados, que se demuestre. Si los cobros son legales, que se documenten. Si los funcionarios actuaron correctamente, que quede acreditado.
Y si alguien utilizó un cargo público para presionar, cobrar, condicionar permisos o ejercer presión política sobre ciudadanos, que responda ante las autoridades y enfrente las consecuencias que establezca la ley.
EL CARMEN NO NECESITA FUNCIONARIOS INTOCABLES
La ciudadanía no eligió dueños del municipio. Eligió servidores públicos.
Quienes tienen el poder de decidir sobre permisos, espacios, servicios y actividades económicas deben entender algo elemental: el cargo público no otorga impunidad.
El Carmen necesita respuestas, documentos y resultados. No más evasivas. No más silencio frente a las dudas legítimas. No más funcionarios que parezcan intocables. Tampoco acusaciones convertidas automáticamente en condenas.
Lo que se necesita es algo mucho más sencillo y, al mismo tiempo, mucho más exigente: autoridades que expliquen, ciudadanos que puedan preguntar y procedimientos que permitan comprobar la verdad, porque al final, la transparencia no consiste en decir que todo está bien. Consiste en demostrarlo y si algo está mal, debe corregirse y hacer que quien resulte responsable responda por sus actos.
Las denuncias pueden cerrarse con una investigación. La exigencia de una mejor gestión municipal, no.
La pregunta permanece sobre la mesa:
¿Quién va a responder por lo que está ocurriendo en El Carmen?
Finalmente, destaca que en estos momentos peligra la siguiente candidatura del señor De La Maza Villarreal, ya que Rocco (Humberto Medina) otra vez está dando de qué hablar y parece ser que en El Carmen debería existir en carácter emergente, un as bajo la manga, tal vez con otro partido y candidato (a) para no correr riesgos innecesarios.