El agua de Monterrey no debería convertirse en un privilegio ni en un recurso que se reparta de manera desigual. Nuevo León necesita, con urgencia, una legislación clara y posteriormente un plan que establezca cómo distribuir el agua disponible cuando el abasto resulte insuficiente.
La ciudad puede sentirse orgullosa de sus grandes empresas embotelladoras y de la importancia que tiene su industria para la economía estatal. Sin embargo, ese reconocimiento no puede estar por encima de una necesidad básica: que las familias tengan agua en sus hogares.
Si el recurso no alcanza, la responsabilidad debe ser compartida. Viviendas e industrias, zonas de mayores y menores ingresos, así como los sectores norte, centro y sur del área metropolitana, deberían enfrentar reglas equitativas durante una situación de escasez.
Y mientras el suministro no sea suficiente, también debería analizarse la autorización de nuevos negocios e industrias que requieran grandes cantidades de agua. No se trata de frenar indefinidamente la inversión, sino de evitar que nuevos consumidores agraven un problema que ya existe.
Además, los nuevos usuarios industriales podrían enfrentar tarifas diferenciadas cuando requieran infraestructura o fuentes de abastecimiento más costosas, particularmente si el agua debe trasladarse desde mayores distancias.
El principio debería ser sencillo: primero garantizar el consumo humano y después planear cómo crecer sin poner nuevamente en riesgo el suministro.
Nuevo León necesita dejar atrás las soluciones improvisadas. El agua debe administrarse
con reglas transparentes, criterios de equidad y prioridad para el consumo humano. La inversión y el desarrollo económico son indispensables, pero ningún proyecto industrial debería crecer a costa de que una familia tenga que abrir una llave y encontrarla seca.R/90