El caso estalló en el Poder Judicial: la magistrada María Emilia Molina aseguró que el Órgano de Administración Judicial (OAJ) la empujó a renunciar luego de negarle una licencia médica por causa grave, cuando enfrentaba una emergencia familiar y recomendaciones médicas estrictas para proteger su salud mental.
Molina formó parte del Comité de Evaluación del PJF durante la reforma judicial y presidió la Asociación Mexicana de Juzgadoras. Reveló en un mensaje público que su salida no fue voluntaria, sino la única opción ante un manejo que calificó como un claro “patrón de presión y desgaste”.
La situación detonó semanas antes, cuando la Comisión de Adscripción del OAJ, dirigida por la magistrada electa Surit Berenice Romero, ordenó su cambio inesperado del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil de CDMX hacia el Tercer Tribunal Colegiado en Chilpancingo, Guerrero, con apenas días de aviso.
El oficio, firmado por Filiberto Ibáñez Juárez, instruía su traslado para el 18 de noviembre de 2025.
La Asociación Mexicana de Juzgadoras alzó la voz inmediatamente: denunció un clima de intimidación, ceses injustificados y expulsiones dentro del Poder Judicial, recordando la remoción masiva de juzgadores realizada sin diagnósticos ni procedimientos que la respaldaran, un golpe directo —afirmaron— a la independencia judicial.
Molina, al explicar su renuncia, afirmó que cumplió con presentarse en su nueva adscripción, pero la negativa del permiso sin goce de sueldo la dejó sin alternativas.
Aún así, envió un mensaje contundente:
“Mi silencio no fue miedo. No me callaron. Mi voz no depende de un cargo: depende de mis principios”.
Domingo 30 de Noviembre 2025.