La crisis laboral dentro del Poder Judicial del Estado sigue escalando. En cifras redondas, ya son 120 trabajadores despedidos, todos ellos contratados mediante un llamado “fondo de apoyo”, es decir, personal auxiliar pagado con recursos especiales.
A varios de los afectados se les lanzó una propuesta polémica: podrían regresar a sus puestos, pero con un fuerte recorte salarial, bajando incluso del nivel 6 al nivel 2, lo que implica una caída drástica en su escalafón y percepciones.
Los ceses ocurren en medio de una fuerte controversia interna, pues se presume que el objetivo sería renovar al personal de los niveles más bajos, dejando fuera a quienes ya tenían años de antigüedad. Algunos trabajadores denuncian despidos hormiga, ejecutados poco a poco, aunque este miércoles se concentraron notificaciones para decenas de empleados con entre dos y medio y cinco años de servicio.
Hasta ayer jueves persistían los testimonios de burócratas que relatan llegar a trabajar y descubrir que sus compañeros ya no pudieron ingresar, al quedar bloqueados del sistema de acceso biométrico.
No hay claridad sobre posibles acuerdos y tampoco existe, hasta ahora, un posicionamiento oficial de las dirigencias sindicales. La incertidumbre crece, sobre todo entre el personal de base que podría enfrentar rebajas salariales o despidos definitivos, mientras el Poder Judicial guarda silencio.R/90