Seis países de América Latina exigieron al régimen de Nicolás Maduro el restablecimiento del orden democrático y el respeto a los derechos humanos en Venezuela, durante la cumbre del Mercosur celebrada en Foz de Iguazú, Brasil.
La declaración fue firmada por Argentina, Paraguay, Panamá, Bolivia, Ecuador y Perú, cuyos gobiernos manifestaron su alarma por la crisis humanitaria, social y migratoria que azota a Venezuela. El documento exige la liberación inmediata de los presos políticos, garantías al debido proceso y el cese de detenciones arbitrarias.
Ni Brasil ni Uruguay suscribieron el texto, lo que dejó al descubierto la fractura interna del bloque frente a la crisis venezolana. El pronunciamiento evitó mencionar a Estados Unidos, manteniendo un tono moderado.
El presidente argentino Javier Milei fue mucho más contundente: respaldó abiertamente la presión de Estados Unidos, el despliegue naval en el Caribe y el bloqueo al petróleo venezolano. Calificó al gobierno de Maduro como una “dictadura atroz e inhumana” y llamó al Mercosur a condenarla sin titubeos.
En contraste, el presidente brasileño Lula da Silva rechazó cualquier intervención militar, advirtiendo que sería una catástrofe regional. El choque de posturas evidenció la profunda división política en Sudamérica ante el colapso venezolano.
La cumbre cerró con un mensaje claro: mientras algunos países endurecen el tono contra Maduro, otros optan por la cautela, en medio de una crisis que sigue desangrando a Venezuela y sacudiendo a toda la región.