Por Gibran Israel
En el escenario político contemporáneo, caracterizado por la saturación de mensajes y una competencia encarnizada por captar la atención de las audiencias, la delgada línea entre la función pública y el entretenimiento parece haberse disuelto por completo. En Nuevo León, y particularmente en la escena regiomontana, este fenómeno ha alcanzado niveles críticos.
Nos encontramos ante un panorama revuelto, sobrecargado de estrategias de mercadotecnia orientadas a promocionar intenciones electorales que, a mi juicio, priorizan el posicionamiento de rostros, marcas personales y nombres propios por encima de propuestas gubernamentales serias. La política local ha transformado el ejercicio del servicio público, una responsabilidad que exige madurez y compromiso, en un circo mediático donde los funcionarios aspiran a comportarse y ser tratados como auténticas estrellas de rock.
Las figuras pertenecientes al partido Movimiento Ciudadano, específicamente Cindy Aguirre, Roberta Carrillo, Melisa Peña y Mike Flores, representan con claridad esta tendencia. En fechas recientes, motivados por la coyuntura electoral y la definición de posibles candidaturas, estos actores han intensificado sus acercamientos con los medios de comunicación.
Sin embargo, este despliegue mediático abre una interrogante fundamental sobre los criterios de selectividad de sus equipos de prensa: ¿a quiénes eligen realmente estos políticos para dialogar? ¿Buscan únicamente la complicidad de los círculos cercanos y los amigos? ¿Se limitan a pactar con los consorcios de mayor auge comercial, o están dispuestos a responder a cualquier medio periodístico que busque desentrañar, de manera independiente, las verdaderas intenciones del político en turno?
Lo indiscutible en una democracia es que los servidores públicos tienen la obligación ineludible de hacer llegar su mensaje y rendir cuentas de forma universal. Deben responderle directamente al público, al ciudadano que cumple con sus obligaciones fiscales y sostiene el aparato gubernamental, pero también a aquel sector de la población que se encuentra en una situación de total abandono institucional.
Este último sector, aunque a menudo es marginado de los grandes presupuestos, contribuye de manera indirecta a través del consumo diario, pagando al capital privado los costos e impuestos que el Estado permite cobrar, incluso cuando dichos precios y tarifas extras resultan profundamente injustos y desproporcionados para la economía familiar.
Ante esta realidad, resulta pertinente cuestionar si la estrategia de comunicación de estos aspirantes se reduce a replicar sus discursos exclusivamente ante las audiencias de las grandes corporaciones televisivas tradicionales como Milenio, Televisa y Azteca, o a través de plataformas digitales aliadas como PostaMx y ABC Noticias. Si bien es comprensible y legítimo que cualquier empresa de comunicación reciba una remuneración económica por sus servicios publicitarios, el dilema ético surge cuando dicho financiamiento proviene de actores políticos que, históricamente, toman del erario y del esfuerzo ciudadano mucho más de lo que legítimamente merecen.
El pueblo, ese concepto que los candidatos suelen invocar con ligereza en sus discursos, no pertenece a un nicho exclusivo ni a un sector privilegiado. El ciudadano real se encuentra en los lectores de nuestra revista, pero también en cada esquina de los barrios y colonias de nuestra entidad; esquinas con las que estos políticos difícilmente logran conectar y donde, desafortunadamente, es mucho más probable encontrar problemáticas graves como el tráfico de sustancias ilícitas, la prostitución y una alarmante inseguridad que violenta el día a día de la comunidad.
Esta desconexión no es un hecho aislado, sino el reflejo de una distancia estructural que el propio Gobierno del Estado ha decidido mantener frente a la ciudadanía. El gobernador Samuel García es el ejemplo más evidente de esta dinámica. Las interacciones en sus plataformas digitales, que ya de por sí constituyen un canal de comunicación frío y distante, suelen registrar altos niveles de rechazo, manifestados a través de reacciones de enojo y burla en cada una de sus publicaciones. Si este es el termómetro del sentir ciudadano frente a la narrativa oficial, resulta contradictorio e inverosímil que estos mismos actores políticos tengan la expectativa de que la población valide y crea ciegamente en sus nuevas promesas de campaña.
El presente artículo constituye un ejercicio de documentación periodística riguroso y transparente. Desde la redacción de Reporte90 se ha buscado de manera formal y reiterada a Mike Flores, Melisa Peña, Roberta Carrillo y Cindy Aguirre. Aunque en un inicio se obtuvo una respuesta por parte de su personal de prensa para coordinar la atención, los procesos se detuvieron de forma abrupta y no trascendieron a un plano concreto.
Ante este silencio, cabe preguntarse si existen filtros internos determinados por intereses particulares ajenos al interés público. ¿Estamos ante una muestra de incapacidad técnica de sus colaboradores, se trata de una estrategia deliberada de evasión, o simplemente las solicitudes de entrevista no llegan a los escritorios de los aspirantes?
El ciudadano tiene el derecho fundamental de conocer la verdad a través de la línea editorial y el estilo analítico de Reporte90, y no solo mediante los canales convencionales que facturan grandes sumas de dinero por coberturas complacientes. Si las organizaciones políticas deciden invertir recursos en publicidad, dicha inversión debería orientarse a garantizar un alcance universal, y no a sesgar el diálogo hacia los sectores que selectivamente les interesa gobernar, olvidando aquella premisa fundamental que dictaba que la gobernanza debe ejercerse para la totalidad de la población.
Por principio editorial, Reporte90 ha optado por no comercializar este tipo de encuentros periodísticos; a la gran mayoría de los actores políticos mencionados no se les ha condicionado el espacio mediante una propuesta económica o un costo monetario. Nuestro objetivo principal es, y seguirá siendo, enriquecer el debate público y ofrecer un análisis profundo sobre las posturas de los diferentes actores de la sociedad.
En lugar de evadir los cuestionamientos independientes, los equipos políticos deberían enfocar sus esfuerzos en poner a trabajar de manera eficiente a sus departamentos de comunicación. Con el uso de la infraestructura y los equipos de grabación de alta gama que actualmente poseen, bien podrían dedicarse a publicitar y explicar a fondo el contenido de sus propuestas de políticas públicas. La naturaleza de estas iniciativas exige que sean públicas y accesibles; por lo tanto, resulta contradictorio que promocionen soluciones comunitarias mediante estrategias de difusión que operan bajo criterios estrictamente privados y condicionados al pago económico.
Una postura sumamente distinta es la que han manifestado figuras de la escena local como Lorena de la Garza Venecia y Clara Luz Flores Carrales, quienes próximamente contarán con un espacio en las páginas de esta revista. A pesar de pertenecer a institutos políticos con ideologías opuestas, ambas han demostrado apertura y un respeto elemental hacia el ejercicio del hospitalario periodismo y el derecho a la información; si sus declaraciones se apegan o no a la verdad objetiva, es una evaluación que quedará enteramente bajo el criterio y juicio del lector.
En este contexto de cerrazón, es justo señalar que el único perfil vinculado a las filas de Movimiento Ciudadano que mostró plena disposición para el diálogo fue Patricio Zambrano. Esta apertura motivó que, durante el año pasado, ocupara el espacio principal de la sección Personalidad90 en nuestra edición impresa, un gesto que el propio político agradeció públicamente al reconocer el valor que este medio otorgó a su trayectoria y propuestas. Su caso nos obliga a plantearnos si la apertura democrática es la regla o la excepción dentro de su partido.
Finalmente, es necesario precisar los términos del contacto establecido con Cindy Aguirre. En una primera instancia, se obtuvo una respuesta favorable que posteriormente fue cancelada por su equipo de trabajo, bajo el argumento de una inconformidad con los señalamientos críticos que este medio había emitido previamente respecto a la administración municipal de Guadalupe, Nuevo León. La segunda cancelación del encuentro fue determinada por nuestra propia dirección editorial, una decisión de la cual nos hacemos plenamente responsables en estas líneas.
Resta ver si la aspirante asumirá la responsabilidad política que le corresponde ante sus posibles electores. Su asistente, Carolina Herrera, quien fungió como enlace institucional durante este proceso, ha optado en los últimos días por ignorar los mensajes de seguimiento, dejando las peticiones sin respuesta alguna y omitiendo las normas elementales de la cortesía profesional.
Los hechos acumulados a lo largo de este ejercicio periodístico permiten concluir que la propuesta política actual de Movimiento Ciudadano parece haberse alejado de las necesidades reales de la población, consolidando una estructura partidista que percibe la gestión pública y la representación popular como si se tratara de una pasarela de modas, donde la imagen superficial sustituye la profundidad de las soluciones que la ciudadanía exige.
Nota en proceso… hay más por escribir.