Tras la aprobación del dictamen en Comisión de Presupuesto de la reforma a la Ley de Hacienda del Estado que exenta a Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM) del pago de los impuestos ecológicos conocidos como impuesto verde, Lorena de la Garza afirmó que «la fuga en Agua y Drenaje no nada más es de agua, también es de dinero. Han saqueado Agua y Drenaje».
La iniciativa fue presentada por los diputados Javier Caballero Gaona del GLPRI y Carlos Alberto de la Fuente Flores del GLPAN, y fue dictaminada y aprobada por la Comisión de Presupuesto de la LXXVII Legislatura que
preside Lorena de la Garza.
La Ley que crea Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey establece en su Artículo 12 que el organismo está exento del pago de cualquier impuesto estatal o municipal. Sin embargo, desde la entrada en vigor del impuesto verde el 1 de enero de 2022, el gobierno estatal cobró ese gravamen al organismo de forma ininterrumpida, ignorando la exención que la propia
ley le otorgaba.
En cuatro años, SADM destinó aproximadamente $4,000 millones de pesos al pago de este impuesto, recursos que salieron del organismo sin que existiera un fondo ambiental etiquetado para recibirlos.
«Este mecanismo que encontraron a través del pago del impuesto verde vino a ser un mecanismo por el cual están saqueando las finanzas de este organismo», señaló Lorena.
El impacto del cobro no se quedó en los libros contables. SADM acumuló un deterioro financiero que se tradujo en consecuencias directas para las familias de Nuevo León: el recibo de agua más caro del país, 10,000 fugas mensuales en el Área Metropolitana de Monterrey y cortes de servicio en decenas de colonias.
«Son cuatro mil millones de pesos que deben de mantenerse en las arcas de Agua y Drenaje para sus trabajos, y no un dinero que pase a la tesorería central para que de ahí manejen ese recurso a discreción», afirmó la legisladora.
Para Lorena de la Garza, el diagnóstico es claro: «Ha sido un golpe al bolsillo, pero también un mal servicio». La reforma adiciona un tercer párrafo a los artículos 125, 131 y 137 de la Ley de Hacienda del Estado, estableciendo que las instituciones, dependencias u organismos públicos descentralizados o autónomos que por ley estén exentos del pago de impuestos federales o estatales, no estarán sujetos al pago de los impuestos ecológicos previstos en dichos artículos.
La medida aprobada no crea una exención nueva ni elimina el impuesto verde. Restituye una exención preexistente que el gobierno estatal ignoró durante cuatro años y cierra la ambigüedad normativa que lo hizo posible.