En los últimos años, Estados Unidos ha recurrido a la cancelación o revocación de visas como una herramienta de presión frente a funcionarios y figuras políticas de América Latina. Las medidas han sido justificadas por Washington con argumentos relacionados con seguridad nacional, actividades consideradas delictivas, incumplimiento de las condiciones migratorias o acciones que, según el gobierno estadounidense, representan una amenaza.
Entre los casos más destacados se encuentra el del expresidente de Colombia, Gustavo Petro, cuya visa fue revocada en septiembre de 2025 luego de participar en una manifestación propalestina en Nueva York y realizar declaraciones consideradas incendiarias por el gobierno de Donald Trump.
Otro caso corresponde al expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias, quien también perdió su visa estadounidense en 2025. El exmandatario había mantenido una postura crítica hacia Trump y cuestionó públicamente las restricciones impuestas por Washington.
En Costa Rica, las medidas también alcanzaron a figuras políticas de oposición, como el legislador Francisco Nicolás y la diputada independiente Cynthia Córdoba.
Asimismo, varios integrantes de la junta directiva del diario La Nación informaron que sus visas fueron revocadas, aunque no se dio a conocer oficialmente cuántas personas fueron afectadas.
Brasil también ha estado en el centro de las tensiones. Estados Unidos retiró la visa al magistrado del Tribunal Supremo Federal Alexandre de Moraes, además de aplicar medidas contra personas de su entorno.
La decisión estuvo relacionada con las actuaciones judiciales de Moraes contra el expresidente Jair Bolsonaro y con sus decisiones respecto a plataformas digitales como X.
Más recientemente, la medida alcanzó a la embajadora de Brasil en Washington, Maria Luiza Ribeiro Viotti, en medio de un deterioro de las relaciones entre ambos gobiernos.
Estos casos muestran que la revocación de visas es una herramienta utilizada por Estados Unidos para ejercer presión sobre distintos actores latinoamericanos. Las decisiones han generado respuestas encontradas y han abierto nuevamente el debate sobre el uso de restricciones migratorias como mecanismo de política exterior. R/90