Aunque México ha avanzado en la despenalización del aborto voluntario, el acceso y las reglas todavía dependen del estado donde se encuentre cada persona. De acuerdo con una revisión legislativa actualizada a junio de 2026, realizada por GIRE, persisten diferencias importantes entre las entidades en materia de aborto voluntario.
Uno de los casos más llamativos es Aguascalientes, donde el Congreso redujo en 2024 de 12 a 6 semanas el plazo para interrumpir el embarazo.
La situación también alcanza a entidades como Durango, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Sonora y Tamaulipas, donde aún existen disposiciones penales relacionadas con el aborto voluntario.
El panorama ocurre cinco años después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la criminalización absoluta de la interrupción del embarazo es inconstitucional. El fallo, emitido el 7 de septiembre de 2021, estableció que las normas que criminalizan de manera absoluta esta conducta, vulneran los derechos de las mujeres y personas gestantes.
El reto, además de modificar las leyes, está en que la interrupción del embarazo pueda realizarse de manera efectiva mediante servicios de salud accesibles, seguros y oportunos, pues la legislación y la atención médica todavía presentan diferencias entre estados.
A cinco años del histórico fallo de la Suprema Corte, el aborto en México continúa marcado por contrastes: mientras varias entidades han avanzado en su despenalización, en otros estados todavía existen sanciones penales. El desafío ya no está únicamente en cambiar las leyes, sino en garantizar que las mujeres y personas gestantes puedan acceder realmente a servicios de salud seguros, gratuitos y oportunos, sin importar en qué Estado del país vivan.R/90