La llamada carta de no antecedentes penales podría quedar en el pasado como requisito laboral.
Autoridades y legisladores impulsan eliminar su uso obligatorio para evitar la discriminación contra personas que buscan empleo.
La propuesta busca que empresas e instituciones públicas ya no exijan este documento para contratar, ya que limita las oportunidades laborales, incluso para quienes ya cumplieron una sentencia o nunca han cometido un delito.
Organizaciones civiles han señalado que pedir este papel cierra puertas y perpetúa el estigma, por lo que la iniciativa pretende garantizar el derecho al trabajo sin filtros que vulneren la reinserción social. R/90