En México, cada vez son más las personas que acuden a los servicios privados de salud, y ese gasto se refleja irremediablemente en el bolsillo.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) lo dio a conocer. El Inegi lo reafirmó en diciembre pasado y remachó dicha información, el resultado de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) Continua 2022 que lleva a cabo el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), que dirige Eduardo Lazcano Ponce, quien informó cómo avanza el gasto de las familias en salud, tanto en consultorios médicos particulares, o en adyacentes a farmacias (CAFs) y en hospitales privados. Casi un 49% (48.8%) de la población recurrió a instancias privadas para atender su salud, una proporción mayor que el 43.4% registrado en esa misma encuesta en el año 2018, al iniciar el presente sexenio.
El avance de la privatización en esta administración es de más de 5 puntos porcentuales.
No hay duda de que prácticamente la mitad del gasto en salud es desembolsado por las familias en instancias privadas, lo que evidencía la privatización de la salud, contra el propósito y promesa de la actual administración que prometió cubrir la salud del total de los mexicanos y con medicamentos gratuitos para todos, pero en lugar de dar unos pasos adelante en la cobertura pública universal, en los últimos años ha ido en retroceso y la mayoría de los mexicanos deciden pagar la atención de su salud del bolsillo familiar escogiendo la alternativa particular aunque les cueste más. Incluso aunque sean derechohabientes -lo que genera ineficiencia-.
Es un gasto catastrófico, empobrecedor. Ese crecimiento de la demanda de atención médica en el sector privado va avanzando desordenadamente, sin apariencia clara, impactando en los de menores ingresos.
El economista de la salud y exsubsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud en la Secretaría de Salud de México, Eduardo González-Pier, reveló que de 2016 a 2020 el creciente gasto de medicinas en las familias mexicanas, se expandió en los de menos ingresos, sobretodo en el rubro medicamentos, no tanto en el hospitalario (este último, por falta de acceso).
Los expertos en este tema, coinciden en señalar la necesidad de trabajar en sinergia, instituciones de salud pública como las privadas, y que para esta situación, se requiere de acuerdos sobre tabuladores, paquetes a incluir y reglas claras.
El Consejo de Salubridad General está por emitir nuevas reglas para certificación y acreditación de hospitales.
No es entendible la desvinculación entre la oferta médica del gobierno y la oferta médica privada, que a fin de cuentas, forman parte del sistema nacional de salud.
La infraestructura privada naturalmente se está expandiendo para cubrir a su cada vez más numerosa clientela y la autoridad en los hechos la ha ignorado como si no existiera.
En el Programa Sectorial de Salud 2020-2024 no hay mención alguna de los servicios privados de salud. La 4T asumió que todo lo iba a cubrir con el ahora desaparecido INSABI, y al ya no existir el Seguro Popular, dejó de recargarse en la subrogación que permitía el apoyo de hospitales, clínicas y laboratorios privados a instituciones públicas como IMSS, ISSSTE, etcétera.
Existen Estados (como Nuevo León y Jalisco), que no están adheridos al IMSS-Bienestar, y que están considerando la infraestructura de carácter privado, a la vez que analizan cómo sumar fuerzas y unificarse. R/90
Lunes 26 de junio 2023
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