El incremento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en refrescos y cigarros, propuesto dentro del Paquete Económico 2026, podría provocar el cierre de más de 60 mil pequeños comercios en México, alertó la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC). La medida también pondría en riesgo cerca de 120 mil fuentes de autoempleo en todo el país.
La ANPEC advirtió que el alza, de 87% en bebidas azucaradas y de más del 30% en productos de tabaco, afectará directamente las ventas de las tienditas de barrio, que dependen de estos productos para sostener parte importante de sus ingresos. Según la organización, refrescos y cigarros representan hasta 15% de las ganancias mensuales de estos negocios, además de funcionar como artículos “gancho” que impulsan la venta de otros productos.
En una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, la asociación, encabezada por Cuauhtémoc Rivera, pidió reconsiderar la medida y abrir mesas de diálogo con la Secretaría de Hacienda para buscar alternativas fiscales “que fortalezcan la recaudación sin castigar al consumo popular”.
Los comerciantes advirtieron también que el aumento podría incentivar el comercio informal y el contrabando, pues los precios más altos fomentarían la compra de productos ilegales a menor costo.
La ANPEC calificó como “un fracaso” el impuesto vigente a las bebidas azucaradas, al asegurar que tras una década de aplicación no ha reducido el consumo ni las enfermedades crónicas, pero sí ha golpeado al pequeño comercio y favorecido la informalidad. También criticó que la nueva propuesta extienda el gravamen incluso a bebidas sin calorías, que antes estaban exentas.
El Consejo Nacional de la Industria Tabacalera (Conainta) —que agrupa a Philip Morris México, British American Tobacco y Japan Tobacco International— estimó que el aumento al IEPS encarecerá cada cajetilla de cigarros hasta 20 pesos más en 2026, lo que afectará las ventas legales y la recaudación.
Por su parte, el gobierno federal sostiene que la medida busca mejorar la salud pública y desalentar el consumo de productos nocivos, siguiendo ejemplos de países como Reino Unido. No obstante, comerciantes y fabricantes insisten en que la política fiscal no contempla mecanismos que mitiguen el impacto económico y social para miles de pequeños negocios en el país. R/90
Mary Tovar
Nacionales
Jueves 9 de octubre 2025.
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