Según el INEGI, en México, 4 de cada 10 personas en prisión permanecen encarcelados sin haber recibido sentencia.
De acuerdo al reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el año 2023, 233,277 personas fueron privadas de su libertad, un 37.3% estaban en las diversas cárceles mexicanas sin que se les haya dictado sentencia condenatoria o absolutoria -según sea el caso-.
El 44.3% de los reos, estaba recluido (a-e) bajo prisión preventiva oficiosa, pues fueron enviadas a las cárceles automáticamente, bajo acusación de ciertos delitos, sin que un Juez evaluara aún los casos en particular.
Nacional e internacionalmente, la situación provocó controversia.
El 32.5% sin sentencia, están en «prisión preventiva justificada»; 3.5% en otro supuesto jurídico y para un 19.7% no se ha identificado el status jurídico que guardan los expedientillos, según los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios en los ámbitos federal y estatal (CNSIPEE-F) 2024.
Por entidades, el Estado de México y Michoacán, asentaron que el 100% de su población privada de la libertad sin sentencia, están en prisión preventiva oficiosa, pero señalan que otros 4 Estados tienen más del 70% de su población carcelaria en la condición señalada anteriormente: Estado de México – 100%, Michoacán – 100%, Sinaloa – 80.9%, San Luis Potosí – 77.7%, Guerrero – 72.5%, Hidalgo – 70.6%.
En la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presuntamente están en suspenso los proyectos para declarar inconstitucional la prisión preventiva oficiosa.
El pasado mes de mayo, los 32 gobernadores y gobernadoras del país –tanto de Morena como de oposición– dirigieron una carta a la Suprema Corte, solicitando: “(…) Se trata de una decisión que impactará directamente en la seguridad y gobernabilidad del país y con ello en la de las entidades federativas”.
Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a que “recapaciten”: “Para que entren en razón y no aprueben ese cambio porque va a significar impunidad”, destacó.
Desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU), urgieron a México a «eliminar la prisión preventiva oficiosa por ser contraria a las garantías internacionales para la protección de los derechos humanos, como la presunción de inocencia, el debido proceso y la igualdad ante la ley». R/90
José Guadalupe Nador Mtz.
(Pepenador de la noticia).
Lunes 22 de julio 2024
Nacionales
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