Las protestas del campo se encendieron luego de que decenas de organizaciones acusaran que la nueva Ley de Aguas pone en riesgo derechos históricos, baja el valor de la tierra y amenaza la producción agrícola y ganadera. Señalan que la reforma se aprobó “a la carrera”, sin una consulta real y sin incluir las demandas de quienes viven del riego.
Los colectivos exigen que se reconozcan los derechos ganaderos, se regularicen los pozos y se garanticen inversiones públicas para recuperar y manejar mejor el agua, sobre todo en regiones donde el riego es la única forma de producir.
LOS 5 PUNTOS QUE LOS CAMPESINOS RECHAZAN:
1. Prohibición de transmitir concesiones, lo que —advierten— derrumba el valor de las parcelas y pone en riesgo la continuidad de los cultivos. 2. Multas altísimas y riesgo de delitos hídricos, generando miedo e incertidumbre legal. 3. Amenaza de no renovar concesiones históricas, dejando en el limbo a productores que dependen del riego.
4. Sin apoyos para modernizar infraestructura, pese a que es clave para usar mejor el recurso. 5. Desprotección frente a grandes empresas, lo que podría aumentar desigualdades en el campo.
Campesinos Unidos de Sinaloa alertó que una concesión podría convertirse en un permiso anual, generando total inestabilidad. La CNC también reclamó que no se permita heredar concesiones junto con la tierra, lo que —dicen— devalúa las parcelas y complica la transmisión familiar.
¿QUÉ DICE EL GOBIERNO?
La administración federal afirma que la reforma busca fortalecer el control del Estado sobre el agua, impedir la venta de concesiones, revisar cada prórroga y crear un Registro Nacional del Agua. También endurece multas, crea delitos hídricos y plantea un Fondo de Reserva para redistribuir volúmenes.
La Cámara de Diputados ya aprobó la nueva Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales en lo general. El dictamen va ahora al Senado, y después regresará a San Lázaro para su entrada en vigor.