Un nuevo capítulo de tensión rodea al Tren Maya luego de que un juez concediera una suspensión definitiva por posibles riesgos ambientales en el Tramo 5.
La decisión obliga a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a vigilar y proteger la zona afectada, encendiendo nuevamente el debate sobre el impacto ecológico del megaproyecto.
Desde su inicio, la obra ha estado marcada por amparos y reclamos de grupos ambientalistas que advierten daños a ecosistemas sensibles.
La resolución judicial reactiva el conflicto legal y presiona a las autoridades a demostrar que el desarrollo puede avanzar sin comprometer el entorno natural. Mientras tanto, la polémica crece y el futuro del tramo señalado vuelve a quedar bajo la lupa.R/90