El cierre del programa de regularización de autos extranjeros, impulsado en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y modificado en la administración de Claudia Sheinbaum, dejó a casi 2 millones de vehículos sin legalizar, generando incertidumbre y un nuevo foco de abuso.
Aunque el esquema permitió regularizar cerca de 3 millones de unidades, su fin en diciembre de 2025 frenó miles de trámites y abrió paso a intermediarios que ahora cobran hasta 20 mil pesos por gestiones que antes eran accesibles.
Organizaciones como la Unión Campesina Democrática alertan que la falta de reglas claras creó un mercado paralelo con cobros excesivos, registros duplicados y padrones poco confiables, dejando a muchos propietarios sin certeza jurídica.
Quienes no lograron regularizar enfrentan riesgos como multas, decomisos y dificultades para vender o asegurar sus autos.
Además, errores en registros podrían complicar cualquier intento futuro de legalización.
Ante el caos, se plantea un nuevo decreto federal con controles más estrictos: revisión física obligatoria, verificación contra robo y un padrón nacional gratuito para cerrar la puerta a “coyotes”.
Mientras tanto, la recomendación es clara: no pagar gestores, esperar anuncios oficiales y mantener en orden la documentación, ya que también se han detectado fraudes ligados a falsas promesas de regularización.
El programa que prometía ordenar el problema terminó dejando millones de casos sin resolver y un negocio redondo para terceros.R/90